Por Metrópoli 2025

16 de diciembre de 2008.

La Comisión de Normatividad de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Ley de Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal. El texto de la Ley dictaminada propone reconocer su derecho a la libre determinación, en lo político, económico, social y cultural, siempre y cuando no contravenga las leyes ni vulnere los derechos humanos.

De esta forma, los pueblos indígenas podrán adoptar decisiones por sí mismos, conservar a sus autoridades tradicionales – nombradas por sus integrantes de acuerdo con sus usos y costumbres – y que éstas sean reconocidas por el gobierno local.

La nueva legislación establece los derechos sociales básicos de estos pueblos y comunidades, o sea su incorporación a programas de vivienda, salud y educación. En materia de educación, destaca la importancia de establecer programas donde se incluya el estudio de las lenguas indígenas mediante la incorporación de materias optativas en escuelas públicas, desde nivel básico hasta superior.

La ley también establece el derecho a decidir el número de hijos que decidan tener, y la prohibición de la discriminación contra los trabajadores indígenas, entre otros.

Asimismo, se reconocen derechos específicos que promuevan, fortalezcan y definan las formas diversas de organización y vida comunitaria, desde la libre determinación, a través de su autonomía, como todos aquellos necesarios para mantenerse como sujetos con características culturales específicas en las nuevas condiciones urbanas. Se asegura también una adecuada corresponsabilidad entre el gobierno y los pueblos indígenas.

Según datos de la Comisión de Derechos Humanos, en la Zona Metropolitana de la ciudad de México viven o desarrollan actividades cerca de un millón de personas indígenas, las cuales tienen el común denominador de la vida comunitaria. La aprobación de esta ley beneficiaría tanto a los pueblos originarios del Distrito Federal, como a los provenientes de otros lugares que radican en la ciudad.

No obstante la importancia de contar con una legislación local en materia indígena en el Distrito Federal, es indispensable que se cambie la actitud para poder superar la desigualdad y discriminación histórica que han sufrido estos pueblos por parte del gobierno.

En días pasados, indígenas de Oaxaca protestaron afuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para tratar de frenar la aprobación de la Ley, que se discutía sin haber hecho una consulta previa con los representantes de la mayoría de los 62 grupos indígenas que viven en el Distrito Federal.

No se realizó una consulta entre las comunidades indígenas de la ciudad antes de dictaminar la iniciativa, en clara omisión de las disposiciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México, en el cual se establece que:

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

No parece correcto aprobar una ley, por buena que parezca o sea, cuando se pasa por alto precisamente el derecho que se pretende otorgar: en este caso, la participación de los indígenas en la definición de los asuntos legales que los conciernen, que es parte sustancial de la libre determinación y la autonomía que se les otorga.