Por: Rodrigo Díaz[i]

Una de las cosas más maravillosas de Latinoamérica, y particularmente de México, es la creencia profundamente arraigada que los problemas se solucionan inmediatamente con la firma de leyes, tratados y declaraciones. Es cosa de escuchar las respuestas que dan nuestros políticos cada vez que hay un problema que afecta a la ciudad: “hay que legislar al respecto”, “estamos estudiando una ley que ataque el problema”, “la culpa es de quienes no aprobaron la ley de protección al menor daltónico cuando la presentó nuestra bancada en agosto pasado”… Hay ejemplos que rayan en lo surrealista, como la propuesta presentada en noviembre pasado por un diputado panista para crear la Ley de Mediación Administrativa para el Distrito Federal entre ciudadanos y gobernantes, a fin de resolver conflictos y evitar marchas y plantones en las calles de la capital.[ii] Este es sólo un botón de muestra, porque con un poco de tiempo uno puede encontrar leyes para absolutamente todo en nuestra ciudad, muchas de las cuales son consideradas ejemplares a nivel mundial (al menos eso nos dicen oficialmente).

El único problema es que muy pocas de ellas se respetan. Es cosa de dar un vistazo a la Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal, firmada en diciembre de 1995, o el Reglamento para el Servicio de Transporte Público de Taxi en el Distrito Federal para darse cuenta que en la ciudad la ley muchas veces no es más que letra muerta aplicada según el criterio o conveniencia política de las autoridades correspondientes. El nuevo Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos de la capital, que entra en vigor este año, va por el mismo camino, porque no hay que ser adivino ni experto en manejo de la basura para saber que, tal como está planteado hoy día, es una iniciativa que está condenada al más absoluto de los fracasos.

No se trata de decir que las leyes son inútiles; por supuesto que son necesarias para normar nuestro comportamiento y actividades en la ciudad, pero éstas de nada sirven si no tienen un sustento en la realidad, si no se dan las condiciones para su aplicación, o si no se establecen los mecanismos adecuados para obligar a su cumplimiento. Una mezcla de estas tres situaciones se da en la legislación que pretende obligarnos como ciudadanos a separar nuestra basura en el hogar para que ésta sea fácilmente reciclada.

Adiós a las propinas y el hombre de la campana

Si bien es cierto el flamante reglamento está bien inspirado y nadie podría objetar sus loables propósitos, en la práctica resulta un instrumento de dudosa utilidad, puesto que da por superados una serie de aspectos deficitarios hoy en día y que son cruciales para el éxito de una política de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos. El primero de ellos es sin duda el arcaico sistema de recolección de la basura, bajamente profesionalizado y en el cual el sector informal tiene un rol preponderante, algo que no sucede en ninguna de las ciudades que sirven como referente en lo que a tratamiento de residuos sólidos se refiere.[iii] Mucha gente que en algún momento separó la basura en su hogar desistió del intento luego de ver que el barrendero mezclaba en sus tambores los desperdicios anteriormente preclasificados, seleccionando sólo aquello que le fuera de algún provecho económico.

Relacionado con esto último, resulta extremadamente difícil reciclar cuando los camiones recolectores no poseen los compartimentos necesarios para este fin. De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno del DF, más del 90 por ciento de los camiones de la capital no se encuentra habilitado para hacer labores de recolección diferenciada de residuos. Algunos de ellos, que llevan más de 30 años en servicio, ni siquiera cuentan con compactador.

Por otro lado, los impulsores del nuevo reglamento olvidaron que la mejor manera de iniciar un proceso de reciclaje a nivel metropolitano es haciéndole las cosas fáciles a la gente. Esto implica la repartición de basureros estandarizados y diferenciados a los distintos hogares y la recolección sagrada en días previamente establecidos, sin importar que uno no se encuentre allí, porque en un contexto así la basura se deja afuera, en la calle, la noche anterior a ser recogida. Aunque suene impersonal, en un sistema moderno el hombre que avisa la llegada del camión con una campana sencillamente no tiene cabida, como tampoco tienen cabida las propinas, porque en una ciudad el servicio de recolección de basura debe hacerse sí o sí, no importando si los vecinos de una calle o colonia son generosos o no con los recolectores. En todos los países desarrollados los recolectores tienen contrato de trabajo financiado con los dineros de los propios contribuyentes, así que sería más que aconsejable que la ciudad de México imitara esta sana práctica, porque la informalidad y la eficiencia rara vez van de la mano en el mundo de la recolección de residuos en una urbe como esta.

Por último, es muy difícil que el modelo funcione si éste no es explicado de manera clara a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hay que reciclar? ¿Todos los residuos inorgánicos se colocan juntos, o además hay que separar los cartones de las latas, y éstas de los plásticos y botellas? La mayoría de la población no tiene la menor idea, porque las campañas comunicacionales han brillado por su ausencia.

Los incentivos correctos

Lo poco que se sabe del reglamento se relaciona con las penas del infierno que esperan a sus infractores, aunque aún no se sabe muy bien cómo se va a hacer la fiscalización. ¿Inspectores encubiertos adentro de los botes de los barrenderos? Puede ser, que en esta ciudad se ha visto de todo. En lo personal, sigo creyendo que las multas en dinero en general sólo sirven para enriquecer a quienes están a cargo de cobrarlas, y casos como ese ya hay demasiados en la capital. En el caso de la recolección, el peor castigo que una persona puede recibir es que simplemente no se le recoja la basura; la experiencia dice que la gente aprende muy rápido de esta manera, y que muchas veces son los propios vecinos los que fuerzan a los infractores a cambiar su actitud, porque a nadie en su sano juicio le gusta vivir al lado de una montaña de desperdicios.

Un problema de fondo

Ahora bien, el problema de la basura en la capital necesita de medidas de fondo que vayan más allá de la solución de los problemas anteriormente mencionados. Y es que no se saca nada redactando completísimos reglamentos si no se quiere cambiar de raíz una actividad que tradicionalmente ha estado basada en una extensa y compleja red de caciquismos y favores políticos. La desarticulación de la nefasta relación entre líderes de pepenadores, barrenderos y autoridades resulta fundamental para acometer con éxito la difícil tarea de tratar la basura de manera sustentable. Esto no implica la desaparición del sector informal, pero sí su necesaria reformulación, tal como lo han hecho con éxito ciudades de otros países latinoamericanos, como Colombia, Uruguay y Chile, donde éste actúa de manera complementaria a los servicios formalmente establecidos de recolección y reciclaje de residuos.

Es de esperar que en estos meses de marcha blanca se tomen las medidas de fondo para revertir un escenario que en la actualidad sólo huele a fracaso. La ley está, pero sin programas y políticas que ataquen los problemas concretos, resulta prácticamente imposible que sea alguna vez cumplida.


[i] Rodrigo Díaz es arquitecto y maestro en planificación urbana. Sus artículos se pueden leer en http://ciudadpedestre.wordpress.com

[ii] “Proponen en ALDF ley de mediación para evitar marchas”, El Universal, 27 de noviembre de 2008.

[iii] “Los profesionales de la basura”, Ciudadanos en Red, 17 de septiembre de 2008