Por: Onésimo Flores y Andrés Lajous

El “Proyecto Integral Palmas”, con el cual la delegación Miguel Hidalgo pretende construir un sistema de túneles y pasos elevados en las zonas de Polanco y Las Lomas, sufre de dos problemas fundamentales: cuestionable efectividad y escasa legitimidad.

El primero radica en la fragilidad del argumento que sustenta la propuesta, mientras que el segundo está en el proceso poco democrático de toma de decisiones. La combinación refleja un patrón que desgraciadamente siguen muchas autoridades locales en nuestro país: ignorar consideraciones de largo plazo y privilegiar estrategias de supervivencia política sobre los intereses de la ciudadanía.

Convertir avenida de las Palmas en una vía de alta velocidad no resolverá el problema del tráfico. Aunque los efectos parezcan positivos en el corto plazo, al poco tiempo regresarán los embotellamientos. La razón es sencilla: la demanda de automóviles en el DF es muchísimo mayor a la capacidad de construcción de avenidas, por lo que los ahorros de tiempo generados por este tipo de obras se evaporan rápidamente. Cada kilómetro extra de pavimento atrae nuevos automovilistas a la zona, quizá empeorando los niveles de congestión en el mediano plazo.

Por esto la tendencia global en planificación urbana ha cambiado. La o el gobernante con visión urbana no intenta “construir” una solución al problema del tráfico, sino que busca activamente reducir el uso del automóvil.

Lo anterior, implica decisiones impopulares —como limitar los estacionamientos disponibles, elevar los costos de la gasolina o promover que más de una persona viaje en cada auto—. La delegada Cuevas no está dispuesta a arriesgar su capital político para mejorar la ciudad. Por ello promueve una obra majestuosa y visible, que podrá inaugurarse pronto y que permitirá posicionar su imagen frente a un electorado más amplio. Si bien podría presumir una megaobra en su próxima campaña, no podrá presumir su efectividad para reducir el tráfico.

La actuación de la delegación pone en evidencia el déficit democrático de muchos gobiernos locales. Con limitados instrumentos para la evaluación de proyectos y para la rendición de cuentas, municipios y delegaciones parecen más feudos políticos que comunidades democráticas. El método es sencillo: primero se elabora un proyecto, después se construye un mecanismo de legitimación a modo y finalmente se descalifica a quienes se atreven a manifestarse en contra.

Así, las autoridades delegacionales buscaron legitimar el Proyecto Integral Palmas mediante una “consulta vial” . No sorprende que los automovilistas consultados en hora pico respondieran que atender el problema de la congestión vehicular debe ser priorizado. El método, hora y lugar de la consulta fue escogido justo para sobrerrepresentar un punto de vista en particular. Pareciera que el objetivo no era poner sobre la mesa diferentes alternativas, sino recolectar aplausos para el megaproyecto preferido por la delegada.

El anuncio de la delegada Cuevas en rechazo a las recomendaciones e interlocución con el Gobierno del Distrito Federal es particularmente preocupante, pues la estructura política de la capital del país no permite que en la delegación se expresen visiones diferentes a la de una sola persona, como en los municipios, mediante un cabildo. Si hay una demanda real para darle mayor autonomía a las delegaciones entonces tenemos que pensar en democratizarlas, pero pedir autonomía para el gobierno de una sola persona sería remontarnos a las épocas menos democráticas de nuestra historia.

Las y los vecinos que hoy se oponen al proyecto demandan información incuestionablemente pública. ¿Cómo se estimaron los costos y beneficios del proyecto? ¿Qué alternativas se consideraron? ¿Cómo evaluaron los impactos urbanos y viales? En lugar de responder, la autoridad ha buscado sistemáticamente minimizar sus inquietudes. La tregua anunciada hasta el 19 de enero puede ser un buen paso, siempre y cuando tanto los opositores como la delegación mantengan plena transparencia y publicidad sobre las negociaciones.

Los grandes proyectos de infraestructura urbana —como el que pretenden construir en avenida de las Palmas y en otros puntos de la ciudad— ofrecen una ventana inmejorable para comprender al sistema político mexicano y la visión de nuestros gobernantes sobre la vida urbana. Las reglas premian al que construye la obra más visible y más costosa mientras que los mecanismos de rendición de cuentas son casi inexistentes. La combinación es explosiva, promueve la construcción de aquello que sirva como primer acto de campaña para competir por el siguiente cargo, aun cuando en el proceso destruyamos sistemáticamente nuestras ciudades y la posibilidad de devolverle la vida a las calles.