Por: Metrópoli 2025

¿Se puede pedir a la población de un país que cancele por el suministro de agua potable si las principales instituciones de ese mismo país figuran en la lista de los principales deudores? Claramente el estado siempre tendrá la responsabilidad de dar el ejemplo a la ciudadanía, aunque en México las señales que provienen de la autoridad gubernamental apuntan en el sentido totalmente opuesto.

En efecto, y a pesar de ser el principal beneficiario de la prescripción de adeudos aprobada por la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) a mediados del año pasado, que permitió rebajar su deuda por el servicio de agua potable en nada menos que un 257 por ciento, el Gobierno Federal sigue siendo uno de los principales morosos del padrón de contribuyentes. Peor aún, hay oficinas que son abiertamente renuentes a pagar, como las secretarías de Defensa Nacional (SEDENA) y Educación Pública (SEP), que son precisamente las reparticiones que encabezan la poco gloriosa lista de las instituciones que más deben dentro del aparato público. En todo caso, no están solas, puesto que en este excelso grupo se puede encontrar a organismos tan diversos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Entre todos adeudan alrededor de 1,400 millones de pesos, cifra que en todo caso es bastante menor a los 5,400 millones debidos antes de la prescripción dictada por la ALDF.

Claro que el Gobierno del DF tampoco está libre de responsabilidades, ya que según propia confesión tiene cuentas impagas por 52 millones de pesos, siendo el propio Sistema de Aguas el principal deudor, al tener una cuenta pendiente de más de 18 millones de pesos. Al parecer nadie se escapa de esta situación, puesto que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación aparecía en junio pasado con su correspondiente adeudo[i], aunque por una cantidad menor si se le compara con las anteriormente mencionadas.

¿Es necesario hablar de las consecuencias?

La semana pasada hablábamos en estas mismas líneas acerca de las funestas consecuencias de la aplicación de un subsidio altísimo y generalizado a las cuentas de agua potable en la capital, lo que redundaba no sólo en un incentivo para el despilfarro de un bien cada vez más escaso, sino además en una gran dificultad para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) pudiera dar un servicio de calidad, tema particularmente sensible en una ciudad donde el 10 por ciento de los habitantes carece de suministro en sus hogares. Si pensamos que producir un metro cúbico de agua potable en el DF tiene un costo de alrededor de 20 pesos, y que de ese costo los usuarios sólo pagan 3.66 pesos, resulta claro que lo menos que se puede pedir es que estos mismos usuarios cumplan religiosamente con sus pagos, que el sistema ya harto los ayuda. En un escenario así, la morosidad de un cliente de la importancia del Gobierno Federal supone un hecho de la mayor seriedad, puesto que impide al SACM realizar siquiera labores de reparación de cañerías, que es por donde se filtra gran parte del 38 por ciento del agua que se pierde en la ciudad antes de llegar a los consumidores.

Sin embargo, la peor consecuencia no está dada por el daño que se produce a la empresa suministradora de agua, sino por legitimar entre la ciudadanía la idea de que el no pago por el servicio es una práctica aceptable. Si el ciudadano medio ve que las instituciones gubernamentales adoptan un determinado comportamiento hacia sus obligaciones de pago, es muy probable que lo repitan ellos mismos. “Si el gobierno lo hace, no veo por qué yo no puedo hacerlo”, parece ser el pensamiento que se anida en gran parte de la población y de las empresas, que obtienen de parte de sus autoridades la justificación perfecta para no cumplir con sus responsabilidades económicas.

Por ello resulta fundamental que las instituciones públicas que mantienen importantes adeudos les pongan fin a la brevedad, sin esperar a una nueva prescripción como la del año pasado, que en el fondo premia a los que no cumplen. La generación de una cultura del pago responsable y oportuno es piedra base de la ruta al desarrollo en que el país se supone está (o quiere estar) encaminado. Corresponde a las autoridades de gobierno dar el ejemplo.

[i] “Obtiene premio a su morosidad en el pago de agua el gobierno federal”, La Jornada, 2 de junio de 2008